Títulos falsos, facultades fantasmas, una reforma que nunca llega y una inzanjable brecha en el acceso a una buena educación forman parte de una triste radiografía de la educación Universitaria en el Paraguay, donde aún la reforma educativa se ve lejana. Y los organismos de control son espacios en los cuales los jueces también son parte del mismo sistema.
La intervención de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica en el 2014 desnudó una mafia interna que permitía la compra de notas.
La acción involucró a más de 100 alumnos, más funcionarios con acceso al sistema que lograron una red que permitía “milagros académicos” y egresaron gracias a la modificación de notas. La aparición masiva de facultades y carreras tuvo su quiebre con más de 1.000 estudiantes afectados por cierre de carreras en el 2022.
Y a casi 10 años de las compras de la UCA, el senador colorado Jorge Bogarín protagoniza otro escándalo por un supuesto título falso que le permitió ser el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Estos hechos se suman a las denuncias constantes que hoy ponen en tela de juicio las capacidades de los egresados de todo el sistema universitario, tanto público como privado.
Analistas e involucrados desde el activismo por una mejor educación opinaron sobre los desafíos de la educación universitaria.
Deuda pendiente. Para el experto en políticas educativas, investigador y ex viceministro de educación Francisco Giménez, la educación universitaria tiene tres desafíos principales. El primer aspecto es que hasta ahora la educación universitaria en el Paraguay no se ha reformado. En segundo tiene que ver con la equidad, donde un 5% de la clase con menor poder adquisitivo accede a la universidad sobre el 47% de la de mayor poder adquisitivo. Los de menor poder adquisitivo son los que terminan en el sector privado ante la falta de absorción del sistema público. El tercer punto es la calidad, en donde a falta de colegiados no se puede asegurar la capacidad profesional de los egresados de las distintas carreras.
Giménez destaca que en cuanto a la calidad de las universidades, “se debe garantizar en términos de competencia profesional si los egresados salen con la competencia profesional y por otro lado si salen con la competencia ciudadana”.
“Los egresados no solamente deben ser profesionales competentes, sino deben ser líderes que puedan dirigir el país, en los ámbitos empresarial, y político”, asegura.
Para el experto, ante la luz de las supuestas irregularidades con respecto a Jorge Bogarín, la universidad señalada debería presentar los certificados de estudios y toda la documentación. Y en este sentido recalca la falta de herramientas del Ministerio de Educación y Ciencias, que podría salvarse con el Registro Único del Estudiante, que estaría en funcionamiento en el 2024.
Este registro permitiría ver el proceso del estudiante y por primera vez contar con datos ciertos sobre la población de estudiantes universitarios.
Las regulaciones. Para el doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, es determinante sobre el problema de la educación universitaria el organismo de control. Rodas apunta al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y señala que la ley debe ser modificada para lograr que esta entidad de control se sanee.
“Los regulados regulan en el Cones”, dice Rodas, quien explica que una investigación de las carreras de Medicina evidenció habilitaciones irregulares.
“El Cones debería estar integrado por académicos y no por políticos, debería estar libre de personas que estén ligadas a universidades. Es necesaria la intervención como protagonista del MEC, que tome las riendas”, apunta Rodas.
“Para poco más de 7 millones de habitantes tenemos 39 facultades. Es un absurdo y muchas de estas habilitadas no tienen hospitales escuelas”, señala Rodas.
Puntualiza la situación de los posgrados, que permiten especializaciones médicas con criterios errados, permitiendo ofrecer un posgrado en cirugía cuando las prácticas se realizan en el Hospital de Barrio Obrero, donde existen solo 4 camas de cirugía. Es un absurdo que no permite la práctica básica y la cantidad de horas necesarias para la correcta formación de un especialista en esta área.
Rodas lleva un vigilancia activa al Cones y reinvindica una auditoría del ente de control, además de un sumario administrativo para los firmantes en las habilitaciones de facultades con graves omisiones de nivel mínimo en la formación de médicos, lo que pone en peligro a toda la sociedad. En este sentido, impulsa una iniciativa de frenar la habilitación de carreras de Medicina por unos 5 años.
Masiva habilitación. En el sistema actual, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), no permiten la claridad que se necesita sobre la evaluación de las carreras.
“Lo que evalúa la Aneaes es la gestión de la institución”, señala Francisco Giménez. “Necesitamos que un alumno que egrese de la carrera sea sometido para poder demostrar fehacientemente que ha adquirido los conocimientos”, agrega. También apunta que la acreditación de las carreras nace de un criterio administrativo.
Mientras que el doctor Rodas subraya la labor del Cones, que habilita a mansalva carreras y posgrados. “De 112 posgrados en especialidades médicas, 90 corresponden a una misma universidad, y solo una de estas 90 tiene acreditación por la Aneaes”, dijo y recordó la relación de las carreras de Medicina en esta misma situación.
“¿Y qué pasa con los alumnos, en este proceso?”, se preguntó.
Aquellos que no cuenten con profesiones reguladas por el Estado, como por ejemplo Medicina, por la expedición de registros del Ministerio de Salud, Derecho por la matrícula otorgada por la Corte, pueden ejercer libremente su profesión con la habilitación sin necesidad de la verificación.
Con ello se deja la calidad de la educación como un requisito casi sin importancia.
Fuente: Diario Última Hora